Se suma a este diario digital con la finalidad de traer blancos sobre grises y sobre todo claridad a aquellas relaciones laborales EN NEGRO.
Luego de entrar en vigencia la ley de bases, se generaron confusiones y alteraciones en las registraciones del empleador al trabajador, despidos arbitrarios y sobre todo sensación de inestabilidad laboral. Por ende, es menester de este medio acercar una consultoria juridica en materia de derecho laboral totalmente GRATUITA.
Ahora bien ¿por que no tiene costo?
La ley n°20.744 Ley de Contrato de Trabajo garantiza la gratuidad procesal para el trabajador porque se reconoce su condición de parte vulnerable en la relación de trabajo. Esto implica que, para hacer valer sus derechos, el trabajador no debe enfrentar gastos de justicia, tasas judiciales, sellos ni depósitos que pudieran obstaculizar su acceso al sistema judicial. Algunas de las razones fundamentales son:
- Protección de la parte más débil:
La relación laboral se caracteriza por un desequilibrio en el poder y los recursos económicos entre empleador y empleado. Por ello, el Estado establece mecanismos protectores—como la gratuidad procesal—para asegurar que el trabajador pueda reclamar sus derechos sin que el costo del proceso le imponga una carga insuperable. - Fundamento legal:
La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) incluye expresamente disposiciones que eximen al trabajador de abonar los gastos judiciales en los procedimientos derivados de la aplicación de dicha ley. Este beneficio está orientado a garantizar que la justicia sea accesible, independientemente de la situación económica del trabajador. - Acceso a la justicia como derecho fundamental:
Se entiende que el acceso a la justicia es un derecho que debe ejercerse en condiciones de igualdad. La gratuidad procesal es uno de los instrumentos que permiten que el trabajador, pese a sus limitaciones económicas, pueda acceder a un sistema judicial efectivo para defender sus derechos laborales.
En síntesis, la gratuidad en el ámbito laboral es una garantía procesal diseñada para eliminar barreras económicas al ejercicio de los derechos del trabajador, promoviendo un acceso efectivo y equitativo a la justicia.
